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En un mundo donde el acceso a financiamiento se ha vuelto una necesidad cotidiana, las estafas financieras han encontrado un terreno fértil. El aumento del comercio digital y la banca en línea ha facilitado nuevas formas de engaño que buscan aprovechar la vulnerabilidad de usuarios ávidos de crédito.
Este artículo ofrece un panorama completo sobre crecimiento exponencial en América Latina, describe las principales modalidades de fraude, examina el papel de la tecnología y detalla mecanismos de protección tanto institucional como individual.
Durante la pandemia de COVID-19 y los años posteriores, los fraudes crediticios y las estafas de préstamos alcanzaron cifras alarmantes en varios países de la región. En Perú las denuncias crecieron de 13,986 casos en 2019 a 33,756 en 2023, más del doble en tan solo cuatro años. Solo en 2023, las pérdidas por fraude digital superaron S/53 millones y USD 27 millones.
Colombia también experimentó un repunte significativo: los intentos de fraude digital aumentaron un 206% y el robo de identidad un 339% entre 2019 y 2020. Para 2022, las denuncias por delitos informáticos llegaron a 65,794 casos.
En Estados Unidos, las identidades sintéticas cada vez más sofisticadas generaron pérdidas por USD 3.3 billones a fines de 2024, un récord histórico que muestra la dimensión global de esta amenaza.
Los estafadores utilizan diversos canales para engañar a sus víctimas, adaptándose rápidamente a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo.
El avance de la IA está siendo aprovechado tanto por instituciones legítimas como por criminales. Los estafadores nuevos métodos tecnológicos para suplantar instituciones y falsificar documentos con una precisión nunca antes vista.
Modelos de aprendizaje automático generan voces sintéticas para llamadas telefónicas, mientras que redes de bots automatizan el envío masivo de correos electrónicos y mensajes SMS. Además, el uso de identidades sintéticas cada vez más sofisticadas permite la apertura de cuentas y la solicitud de préstamos sin levantar sospechas inmediatas.
Ante este escenario, gobiernos y entidades financieras han reforzado sus mecanismos de defensa. En Colombia, la ley “Si es estafa, no paga” ofrece protección a víctimas de engaños digitales. En Perú, la Superintendencia de Banca (SBS) ha implementado controles más estrictos de verificación de identidad y promueve campañas educativas.
Los bancos y fintechs incorporan sistemas de detección en tiempo real y biometría para monitorear patrones inusuales de consumo y prevenir operaciones fraudulentas. Las superintendencias y organismos reguladores emiten alertas periódicas sobre nuevas modalidades de fraude y publican guías de buenas prácticas.
La educación financiera es la mejor arma para protegerse. A continuación, algunas acciones concretas:
Los fraudes de préstamos representan una amenaza creciente que exige una combinación de vigilancia individual y respuesta institucional robusta. Conocer las modalidades de estafa, entender las estadísticas delictivas y aprovechar las herramientas tecnológicas de protección son pasos indispensables para construir un entorno financiero más seguro.
Adoptar educación financiera como herramienta clave y mantenerse alerta frente a cualquier solicitud sospechosa ayudará a usuarios y familias a defenderse eficazmente de estafas y a tomar decisiones de crédito informadas y responsables.
Referencias
